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El Plan nacional de medidas contra la crisis económica y social generada por la guerra en Ucrania incluye medidas para la acogida de población ucraniana
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas dentro del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado por Real Decreto-Ley 6/2022.
Organizadas en diversos ejes, además de una nueva línea de avales ICO, ayudas para el sector agrario, ganadero y pesquero, ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva, ayudas al sector del transporte, aplazamiento en las cuotas a la Seguridad Social para empresas, impulso de las energías renovables y ayudas a las familias y trabajadores, incluye medidas para la acogida de refugiados ucranianos.
En concreto se trata de la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania, con objeto de cubrir los gastos de puesta en marcha de los centros de recepción, atención y derivación (CREADE), así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida y el resto de importes necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania.
Se establece también que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentas de aportar los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen, asimilándose así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior.
Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto.
En el ámbito educativo, se pone en marcha el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados, así como el Plan de Acción Universidad-Refugio, con el objetivo de acoger a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios.
Se establece también un procedimiento especial para la protección temporal de personas menores de edad que se encuentren afectados por una crisis humanitaria (emergencia ocasionada por, entre otras, causas naturales o ambientales, políticas, sanitarias).
La protección temporal implica derecho a residencia y trabajo en nuestro país, así como el acceso a los servicios básicos.