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Confirmada la condenada a una administración autonómica a pagar 40.000 euros a una ciudadana por las secuelas que le ocasionó una trombosis que sufrió tras ser vacunada con la vacuna Janssen contra el COVID-19.

Los tribunales han apreciado nexo causal entre la vacunación y las secuelas padecidas. Consideran además que, teniendo esta vacunación también una finalidad colectiva, debe ser la sociedad en su conjunto quien asuma los daños derivados de la vacunación.

La administración competente alegaba que no había nada reprochable en su actuación y cuestionaba que hubiera relación de causalidad entre la vacunación y la trombosis padecida por la demandante, habida cuenta de los 56 días que mediaban entre una y otra y los antecedentes familiares de aquella.  

Pero los tribunales han apreciado la concurrencia de dicho nexo causal de los informes de los servicios hospitalarios y de la inspección médica. Además, entra en juego el principio de solidaridad, referido a que la vacunación no solo beneficiaba a la persona vacunada, sino también a la sociedad en su conjunto, al contribuir a controlar la pandemia. La Administración promovió activamente la vacunación como parte de una estrategia para proteger la salud pública, por lo que debe asumir las consecuencias de los daños derivados de la vacunación.

La creación de un riesgo en beneficio de la colectividad implica una responsabilidad por parte de quien pone en marcha dicho riesgo (responsabilidad por riesgo). La Administración tiene la obligación de reparar los daños causados por la creación de un riesgo en beneficio de la sociedad en su conjunto en la protección de los intereses públicos.

Si usted ha sufrido un perjuicio del que pudiera derivarse la responsabilidad de la Administración nuestros profesionales pueden emprender las actuaciones que correspondan para el resarcimiento del daño